Rúbrica
Pactos mafiosos
Por Aurelio Contreras Moreno
En México, las élites políticas nos han demostrado una y otra vez que la
alternancia de gobiernos no ha sido más que el cambio de máscaras de una
misma maquinaria de corrupción, impunidad y complicidades que arrastran
décadas de desfalcos y fraudes. Lo que todavía intentan vendernos como la
“herencia maldita del PRIAN”, en realidad se reproduce bajo el sello de la
autoproclamada “cuarta transformación” con los mismos métodos, los mismos
pactos y, peor aún, con la misma catadura moral.
El ejemplo más escandaloso de esta continuidad criminal es el “huachicol” fiscal,
quizás el fraude más monumental de la historia de México, tejido con una red de
complicidades que permitió un bestial saqueo al erario vía factureras, empresas
fantasma y contrabando de combustibles disfrazado de operaciones legales.
La llamada “guerra contra el huachicol”, con la que el presidente Andrés Manuel
López Obrador intentó legitimarse desde el arranque de su sexenio –como
sistemáticamente hicieron todos los presidentes que le antecedieron, por lo
menos, desde Miguel de la Madrid-, no fue más que un espectáculo mediático, un
engaño: los ductos perforados se sellaron para abrir válvulas más jugosas en las
aduanas, con la bendición de funcionarios de primer nivel.
La revelación de esas redes criminales operando en las narices de los gobiernos
de Morena no deja lugar a dudas. Un nombre que quisieran borrar de la historia
oficial, Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y operador
directo de Adán Augusto López Hernández cuando era gobernador, embarra en el
fango de la corrupción a su exjefe, quien hoy en día es un muerto viviente,
políticamente hablando.
Bermúdez no era un subordinado menor: era su hombre de confianza y a través
de él se gestaron pactos con grupos empresariales y políticos. Lo más grave es
que estos hechos alcanzan al propio López Obrador, quien fue informado de la
existencia de esta operación delincuencial mucho antes de lo que hoy se quiere
admitir. Además de que no es creíble que un presidente obsesionado con el
control no supiera que en su propio estado natal se estaba montando una
estructura de saqueo, una red que no era un accidente, sino parte del engranaje
de poder.
A ello hay que añadir los “convenientes” decesos de altos mandos de la Marina
con implicación y/o conocimiento de los “enjuagues” para el robo y venta de
combustible. Uno se “suicidó” a los pocos días de destaparse la cloaca y el otro,
más inverosímil aún, murió en un “accidente” durante una práctica de tiro. Como
de película de Francis Ford Coppola o Martin Scorsese.
Lo que ha salido a la luz sobre el “huachicol” fiscal es apenas la punta visible de
un iceberg de podredumbre. Lo que hay detrás es una cultura política cimentada
en pactos mafiosos entre la clase gobernante del pasado y la del presente, que se
sientan en la misma mesa cuando se trata de repartirse el botín. Ex priistas, ex
panistas, morenistas de nuevo cuño: todos participan del banquete de la
corrupción, mientras el discurso oficial sigue repitiendo la fábula de que el cambio
de régimen la erradicó “como nunca en la historia”.
Pero los hechos desmienten esa narrativa. ¿Qué diferencia hay entre la élite que
gobernó antes y la que gobierna ahora? La respuesta es irrefutable: ninguna. Lo
único que ha cambiado son los colores de las siglas y los nombres en las boletas.
Las prácticas, los pactos y las complicidades son exactamente las mismas. Y a
diferencia de los gobiernos anteriores, la “4t” ha logrado envolver sus corruptelas
con un blindaje de legitimidad popular que le permite minimizar cualquier
escándalo. La cantaleta de que “antes estábamos peor” sirve para justificar que
hoy se repitan las mismas atrocidades. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum ha
admitido algunas no es por un ánimo de justicia y respeto a la ley. Sino porque no
le ha quedado de otra.
Los pactos mafiosos no se firman hoy en mesas clandestinas con pistolas sobre la
mesa, sino en despachos oficiales, en las reuniones privadas donde se reparten
contratos, concesiones y complicidades. Y esos pactos hoy sostienen al régimen
que prometió ser diferente, pero que ha resultado ser más de lo mismo. Y mucho
más allá.
Narcomaromas
Desde el mismo jueves 18 de septiembre que se llevaba a cabo el operativo militar
–el cual fue admitido por las autoridades- para catear el rancho presuntamente
propiedad de José Gil Quintero, supuesto sobrino del capo Rafael “Caro” Quintero,
el nombre de la presidenta municipal de Colipa, Gabriela Alejandra Ortega Molina,
salió a relucir.
El propio secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, admitió el
viernes la implicación de la edil en el tema, por lo menos, y ese mismo día aseguró
que ella se encontraba “bien”.
Así que el pretexto con el que salió este lunes, avalado, flanqueado –y
seguramente instruido- por la gobernadora Rocío Nahle, de que Gabriela
Alejandra Ortega Molina no estuvo en el rancho ni fue retenida varias horas por la
Marina porque estuvo “internada” en un hospital todo el fin de semana, apesta a
encubrimiento. Sobre todo porque el operativo fue días antes de la supuesta
“hospitalización”.
Narcomaromas de alto grado de dificultad.
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